Valoración de las Prácticas de Cultivo Sostenibles por los diferentes Agentes de la Cadena Agroalimentaria. El Papel de las Cooperativas en la Transferencia del Valor.
El desarrollo sostenible, definido como “aquel que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987), ha ido adquiriendo cada vez mayor
importancia tanto en el debate político como en la esfera empresarial y académica. Buena
prueba de ello es que, en 2015, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye los denominados Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y, en 2020, la Comisión Europea suscribió el denominado Pacto Verde
Europeo, considerado como la hoja de ruta de la Unión Europea para alcanzar los ODS.
La Agenda 2030 considera la actividad agraria como clave para el desarrollo sostenible
en la media que, desarrollada de manera sostenible, debe responder al crecimiento de la
demanda de alimentos y, al mismo tiempo, promover ecosistemas saludables y apoyar la
gestión sostenible de la tierra, del agua y de los recursos naturales, de forma que no
comprometa la presente y futura capacidad de producción del planeta (Gómez-Limón y
Reig-Martínez, 2013). De ahí que el Pacto Verde Europeo, incluya, entre sus ocho
acciones clave, dos con gran influencia en el sector agroalimentario. En concreto, se trata
de las conocidas como “Estrategia de la granja a la mesa”, y la “Estrategia sobre
biodiversidad”, las cuales incluyen una serie de objetivos relacionados con la
sostenibilidad, a los que también contribuye la nueva Política Agrícola Común.
Las referidas estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad” van a implicar
cambios en los modelos de producción para lograr una agricultura sostenible; entre los
que destacan limitaciones en el uso del suelo, de fertilizantes, de plaguicidas y de
antimicrobianos, en el consumo de energía y agua, en la emisión de gases de efecto
invernadero y en la contaminación del agua, así como acciones para la conservación de
la biodiversidad y de los hábitats naturales (Arcas et al., 2022).
La práctica de una agricultura sostenible requiere de la adopción, por parte de los
agricultores, de prácticas de cultivo que maximicen el bienestar del conjunto de la
sociedad. Con frecuencia, estas prácticas conllevan unos costes unitarios de producción
mayores debido, sobre todo, a la reducción de los rendimientos. Además, su adopción
también estará condicionada, entre otros aspectos, porque el consumidor esté dispuesto a
pagar un mayor precio por los productos ofertados. Sin embargo, en la actualidad, se aprecia una brecha entre la intención de compra de alimentos sostenibles, derivada de la
mayor conciencia social y ambiental de los consumidores, y el comportamiento real que
se traduzca en la compra de estos productos. Incluso, de la disposición a pagar mayores
precios que repercutan en los productores para hacer frente a los mayores costes unitarios
de producción (AZTI 2022).
Propiciar el cambio de actitud de los consumidores que permita acortar la referida brecha
pasa por realizar actuaciones dirigidas a darles a conocer los beneficios de los productos
obtenidos con prácticas agrícolas sostenibles, facilitarles la identificación de estos
productos y reducir las barreras para su adquisición. Ante la imposibilidad de los
productores agrarios para realizar estas actuaciones, debido a su reducido tamaño y a la
distancia a la que se encuentran de los consumidores que dificulta su interacción, resulta
imprescindible la actuación coordinada de los diferentes agentes de la cadena de valor
agroalimentaria (productores, distribuidores y consumidores). Por ello, este trabajo
pretende conocer la opinión de los distribuidores minoritas y de los consumidores sobre
los productos obtenidos con prácticas agrícolas sostenibles, prestando especial atención
al caso de las frutas y hortalizas.
La elección de estos productos obedece a que el sector hortofrutícola en España genera
una actividad económica con un fuerte peso en la producción, el empleo y la exportación,
siendo considerado como un sector estratégico de la economía agraria española. En 2023,
el sector hortofrutícola aportó el 38,5% del valor de la producción agraria de España, el
41,4% del empleo agrario y el 26,8% del total de las exportaciones agroalimentarias
(Atance, 2024). Además, las frutas y hortalizas tienen una alta participación en el
consumo de los hogares, representando, en 2022, el 22,4% en volumen y el 16,4% en
valor (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024).
La cadena de valor hortofrutícola se encuentra sometida a numerosas tensiones, entre las
que destacan una creciente volatilidad, complejidad y escrutinio. Afrontarlas requerirá
que, progresivamente, el enfoque del producto hortofrutícola como una commodity, con
énfasis en la eficiencia, el volumen, la calidad y las economías de escala, se vea
suplementado con un enfoque de orientación al mercado, basado en las competencias de
los distintos participantes en la cadena de valor (stakeholders), y en la cooperación entre
los mismos, tanto en los flujos ascendentes como en los descendentes.
Valoración de las Prácticas de Cultivo Sostenibles por los diferentes Agentes de la Cadena Agroalimentaria. El Papel de las Cooperativas en la Transferencia del Valor.
